10 de septiembre de 2018

El Tribunal Constitucional Ordenan a Cabildo reconstruir caseta en playa

El Tribunal Constitucional ordenó al director de  una junta distrital de la provincia María Trinidad Sánchez  la reconstrucción de una caseta que operaba para  servicios de deportes acuáticos  en la playa Los Cocos,  del distrito municipal La Entrada, del municipio de Cabrera, la cual había desmantelado.
El TC otorgó un plazo de   un  mes,  a partir de la notificación,  al director de la Junta Distrital,  Manasés Mercado, para que repare la caseta a la señora  Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón.
Al mismo tiempo,  fijó  el pago de un astreinte   de RD$5,000.00, por cada día de retardo en que incurra   la Junta Distrital  en la ejecución de la decisión,  a partir de la expiración  del mes que le dio para la reconstrucción, el cual dispuso en  favor de   la señora Pichardo Pantaleón.
El TC determinó que el derecho de operar dicha caseta en esa  playa había sido adquirido  mediante compra efectuada a los señores Santo Paulino Hernández Núñez y Laudys Yanselys Hernández Brito el 20  de junio de 2015.
Comprobó que la Junta Distrital  violó a la  afectada sus derechos al trabajo,  a la libertad de empresa y al  debido proceso.
Sin embargo,  el TC consideró que no se incurrió en violación al derecho de propiedad, debido a que  la Constitución incluye a las playas dentro de los bienes de dominio público,  y que como tales, son  bienes  inalienables, imprescriptibles e inembargables.   
Puntualizó que “el disfrute y gestión de cualquier área de playa, autorizado de conformidad con la ley, no puede generar en favor del beneficiario derechos de propiedad sobre las edificaciones o mejora que levante o fomente en tales terrenos, porque la naturaleza jurídica de dichos bienes de dominio público, que se destinan al uso general, determina necesariamente, para que dicho destino se mantenga inalterado, que la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que los afecta se extiendan, tanto al suelo, al subsuelo y a todas las mejoras incorporadas a los mismos”.
La Alta Corte adoptó la decisión mediante la sentencia  TC-358-18,  publicada el 3 de septiembre,    mediante la cual acogió  una  acción de amparo interpuesta por la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón en  contra del  director de la Junta Distrital de La Entrada.  
El TC anuló  la sentencia número  00083, del  21 de febrero de  2017, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de María Trinidad Sánchez.
La decisión  fue adoptada por la mayoría requerida, pero recibió  el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos,  y los  votos salvados de la magistrada Katia Miguelina Jiménez y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.
Se hace constar en la decisión que  no figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente;  Leyda Margarita Piña Medrano, segunda sustituta; y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación. 

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